A instancia de una investigación que lleva adelante el fiscal general Eduardo Villalba por el saqueo de rieles, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar el viernes pasado a la imputación penal requerida contra el hijo de un intendente salteño y un comerciante, por el delito de contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por el uso de un paso no habilitado, en grado de coautores.
Se trata de José Miguel Gerala, hijo de Ata Gerala intendente de Coronel Juan Solá, y David Edilberto Medina, quienes fueron detenidos el jueves pasado en el marco de un operativo dirigido a desarticular el robo de rieles en la zona, para lo cual se concretaron nueve allanamientos.
En el caso de Gerala, el delito concurre con el de robo agravado por ser cometido en despoblado, según lo requerido por la fiscalía en la audiencia de formalización de la investigación penal.
Junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, el fiscal general de distrito presentó el caso ante el juez, a quien también le solicitó con éxito la prisión preventiva de ambos acusados, como así también la autorización para avanzar con las pericias a los teléfonos celulares secuestrados a los imputados.
La investigación
La auxiliar fiscal explicó que las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia realizada el 23 de agosto del 2023 por parte del personal del Correo Argentino, en la que se dio cuenta de 480 cubiertas de presunto origen extranjero, las que estaban distribuidas en numerosas encomiendas con distintos destinos.
Ante esta sospecha, y con intervención de la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, se procedió a la apertura de los paquetes, circunstancia en la que se pudo establecer que todos los neumáticos habían sido comercializados por la firma “Distribuidora Norte Agro Gomas”, siendo Medina su representante comercial.
Este nombre -sostuvo Villalba en la audiencia- no era nuevo para la fiscalía, pues ya se le había abierto una investigación por el delito de encubrimiento de contrabando en concurso real con el delito de uso de documento privado falso, en un caso que se resolvió el 26 de septiembre del 2023 a través de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por el término de un año.
En esa causa se determinó que el comerciante tuvo participación en el transporte ilegal de 272 cubiertas, una actividad que para la fiscalía Medina no cesó tras la probation acordada, por lo que se avanzó con la investigación y se determinó que administraba un galpón en la ciudad de Orán, ubicado en la calle Alberdi al 900.
En ese local, almacenaba mercadería de origen extranjero, para su posterior comercialización. Asimismo, se estableció que emitía remitos a transportistas asociados dedicados al traslado de material ferroso hacia fincas de la zona de Aguas Blancas que tenían un denominador común: colindaban con Bolivia.
De las intervenciones telefónicas, en tanto, surgieron diálogos de Medina con distintos proveedores de material ferroso, siendo su rol el de coordinación para el paso de la mercadería hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, donde se completaba la empresa delictiva con la comercialización de los rieles.
También de las escuchas, surgieron indicios concretos de connivencia con algunos miembros del puesto 28 de julio de la Gendarmería Nacional, para permitir el paso de los camiones con el material ferroso hacia la zona de frontera de Aguas Blancas.
En función de estos elementos de prueba, el 23 de mayo pasado, la fiscalía reclamó la competencia para seguir con la investigación, lo que fue aceptado por la jueza Giménez, quien dispuso que, por razones de jurisdicción, el caso pase a manos de su colega del Juzgado Federal de Garantías de Orán.
Al proseguir con la pesquisa, se pudo identificar dos fincas privadas por las que los rieles salían del país, inmuebles que fueron allanados el jueves pasado, en el marco de un operativo de desbaratamiento de este accionar ilícito.
Las escuchas y el hijo del intendente
En el marco de estas tareas investigativas, el 1 de julio pasado, se recibió una denuncia anónima que involucraba al hijo de Atta Miguel Gerala, el intendente de Coronel Juan Solá, en el robo de rieles del Ramal C-25, en los tramos ubicados en las localidades de Pluma de Pato, Dragones y la estación Morillo.
Según la fiscalía, para cometer estos hechos, Gerala hijo, también conocido con el apodo de “Yopi”, se valía de miembros de distintas comunidades aborígenes de la región, a quienes les proveía de las herramientas y maquinaria necesaria para extraer los rieles, por lo general en el tramo entre Padre Lozano y Morillo.
Al respecto, Villalba indicó que la participación del hijo del intendente ya la tenían en cierta manera comprobada, pues de las distintas conversaciones que Medina mantuvo con sus proveedores, surgieron una serie de comunicaciones con uno que aducía tener gran cantidad de rieles ya extraídos y listos para negociar.
Al identificar la línea del interlocutor, comprobaron que se trataba de “Yopi” Gerala, quien, en uno de los tantos diálogos con Medina, se mostró ansioso por avanzar con la entrega del material extraído de las vías férreas, pero debió esperar en razón de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, andaba por la zona y había mucha vigilancia.
Sostuvo que la insistencia de Gerala se advierte en varias conversaciones, en las que afirma tener suficiente material, en toneladas, extraídos de los tramos férreos de Pluma de Pato, Dragones y Morillo. Menciona también contar con el equipo de maquinaria y herramienta necesario y hasta se ofrece a asumir el transporte de esa mercadería hasta el galpón de Medina en Orán, donde se acopiaban los rieles.
Las pruebas que comprometen a Gerala
El rol de Gerala en la empresa delictiva quedó acreditado para la fiscalía, no sólo por el resultado de las intervenciones telefónicas, sino también por otras medidas probatorias, como el registro fotográfico y fílmico de la maniobra, en especial del momento en que pasan la mercadería por la frontera hacia Bolivia.
Entre otras pruebas, se pudo establecer los movimientos del hijo del intendente en la zona, el vehículo que utilizaba, las herramientas de corte que disponía para el saqueo de los rieles, como así también se determinó que, para la tarea manual, el acusado se valía de los integrantes de comunidades aborígenes de la zona, donde su padre tiene mucha ascendencia, dado que, con el lapso de 2015 a 2019, lleva como intendente más 20 años.
Al respecto, el fiscal general dejó en claro que, si bien Medina aparece como la cabeza principal de esta organización delictiva, dicha posición aún no está del todo definida, pues en la teoría del caso, el intendente Gerala también sería uno de los principales responsables de “este avasallamiento” contra bienes que pertenecen al “patrimonio nacional”.
Antecedente
Villalba comparó el caso con lo sucedido en el 2020 con el saqueo de caños del Gasoducto GNEA, llevado adelante, casualmente, por otro intendente de la misma región: Enrique Prado, del municipio de Aguaray, a quien investigó y llevó a juicio por el mismo delito de robo. Cabe señalar que el exintendente recibió una condena de 6 años de prisión, impuesta por el Tribunal Oral Federal N°2, el 2 de diciembre de 2021.
En ese marco, con tono enérgico, rechazó cualquier alusión a una situación de abandono de los rieles, coartada que también fue esgrimida por los acusados en la investigación por el robo de caños. Explicó que son bienes que pertenecen al Estado Nacional, al punto tal que, desde el directorio de Belgrano Cargas, ya hicieron saber sobre su interés en recuperar los rieles, dada su utilidad.
“En aquella ocasión, se robaron los caños y, en parte, también los pasaron a Bolivia para reducirlos. Con los rieles, la modalidad es prácticamente un calco, aunque en este caso advierto una estructura de poder mucho más fuerte, ya que cuenta con la connivencia de las fuerzas de seguridad locales y de los pobladores que, por la enorme ascendencia lograda por el intendente, no se animan a contar lo que es vox populi en esa zona”, explicó.
“Existen otras personas que van a ser imputadas”
Villalba aclaró que el MPF “está frente a una organización integrada por muchas más personas” y que la causa sigue “en investigación, ya que existen otras personas que van a ser imputadas”.
“Para la comisión de este delito no solo es necesario un brazo ejecutor, sino también la connivencia de Gendarmería Nacional, de fincas aledañas, incluido el actual intendente Gerala”, insistió.
“Estamos frente a una investigación de carácter complejo, con la dificultad de que estamos ante una estructura organizada de poder que facilita la maniobra delictiva”, actividad que afectó seriamente el Ramal C-25 en esa región y les dejó a los autores “cuantiosas ganancias”.
Remarcó, además, que la maniobra cobra mayor gravedad en función de la orden expresa del Poder Ejecutivo Nacional al disponer la prohibición de exportación de material ferroso, a través del decreto 70/23, sin embargo, los acusados incurrieron en esta actividad por ríos y fincas de la frontera, las que colindan con territorio boliviano.
Prisión preventiva
Al momento de avanzar sobre las medidas de coerción, la fiscalía solicitó que se dicte la prisión preventiva de ambos detenidos. Fundó el pedido en función de los riesgos de fuga y, sobre todo, de entorpecimiento de la investigación, pues, como mencionó, existen más implicados en la empresa ilícita.
Resaltó la gravedad del hecho, en gran despliegue delictivo y la escala penal de los delitos, siendo en el caso de contrabando, de 2 a 8 años de prisión y en el del robo, de 5 a 15, con lo cual, la posibilidad de aspirar a una pena de ejecución condicional es inaccesible. Por último, resaltó el grave perjuicio causado por el accionar delictivo.
A su turno, los acusados se abstuvieron de prestar declaraciones, mientras que sus defensas apelaron a morigerar la prisión preventiva con otras medidas, como el arresto domiciliario, para lo cual, en el caso de Gerala, se aludieron dolencias físicas, no obstante, los argumentos no tuvieron éxito.
En su resolución, el juez Montoya compartió la posición de la fiscalía y accedió a la imputación propuesta y también dictó la prisión preventiva requerida por el término de 60 días. Entre sus argumentos, reconoció la gravedad del hecho y consideró la ascendencia del intendente como “campo fértil” para alcanzar la impunidad.
Valoró el interés de la empresa estatal en recuperar los rieles, posición muy distinta a lo sucedido con los caños, donde llamó la atención del desinterés del Estado Nacional, para finalmente calificar de vergonzosa la connivencia de las fuerzas de seguridad.
MPF Nación