La jueza federal de Garantías N°2 de Jujuy, Carina Gregoraschuk, a instancias de una investigación realizada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, a cargo del fiscal Federico Zurueta, hizo lugar a la imputación penal requerida contra el comerciante Miguel Ángel Bautista como presunto autor del delito de contrabando de mercadería agravado por el valor, en concurso real con lavado de activos calificado por la habitualidad.
Asimismo, y también a pedido de la fiscalía, la magistrada dispuso la prisión preventiva en una unidad carcelaria federal del acusado, como así también autorizó pericias a teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados. Además, mantuvo la clausura de la firma comercial, a través de la cual operaba Bautista.
El caso
El auxiliar fiscal Federico Casas, quien representó a la fiscalía en la audiencia, sostuvo que la investigación se inició a raíz de un hecho ocurrido el 3 de marzo de 2022, cuando personal de Gendarmería Nacional, con asiento en el puesto de El Naranjo, en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, detuvo a dos choferes de un colectivo de larga distancia, de la empresa Balut, quienes llevaban dos kilos de cocaína oculto en la cañería del lavamanos.
Además, se detectó el hallazgo de una suma superior a los 3 millones de pesos, dinero que iba oculto en la cabina de los choferes, circunstancias en la que los conductores dijeron que ese dinero le pertenecía a Bautista, quien se los entregó, cuando salieron de La Quiaca, y debían entregarlo en Buenos Aires, lo que hacían a cambio de un porcentaje de esa suma.
Esta premisa fue investigada y verificada por la Unidad Fiscal Salta, siendo luego remitida a la jurisdicción de Jujuy por vía de incompetencia, el 24 de agosto del 2023, lo que motivó una imputación inicial contra Bautista por el delito de encubrimiento de contrabando.
Según lo investigado hasta ese momento, se pudo establecer que Bautista, con su esposa, era socio de una firma comercial denominada Nazaret SRL, como así también explotaba en La Quiaca un local llamado Servibus, dedicado al lavado y mantenimiento de ómnibus.
Un nombre conocido
Bautista no era desconocido para el fiscal Zurueta, pues trece días antes de la remisión del legajo desde Salta, la fiscalía inició actuaciones por el secuestro de una suma de 6 millones de pesos que eran transportados de manera ilegal en un colectivo, también de la firma Balut, hecho descubierto a raíz de un control realizado por Gendarmería Nacional en la ruta 9, a la altura de la localidad jujeña de Tres Cruces.
El imputado fue detenido el 19 de noviembre del año pasado en otro procedimiento realizado por la misma fuerza, esta vez en el límite fronterizo entre las localidades de La Quiaca, del lado argentino, y Villazón, del lado de Bolivia. Según relató el representante del MPF, una patrulla de gendarmes advirtió que un bus circulaba con las luces apagadas por el paraje Pueblo Viejo.
Los efectivos lo siguieron hasta el límite fronterizo y a 50 metros del río La Quiaca, cuando se percataron de la presencia de los gendarmes, los pasajeros descendieron y se dieron a la fuga, mientras que Bautista, quien era el chofer, quedó detenido.
En este caso, la fiscalía formalizó otro hecho al acusado, también por el delito de contrabando de exportación en grado de tentativa, pues se especuló que la intención final era el paso del colectivo a Bolivia, ya que la unidad está valuada en más de 26 millones de pesos.
Como medida de coerción, en tanto, se le impuso la orden de prohibición de salir del país, entre otras reglas de conducta.
Un último hecho referido, ligado también a Bautista, surge de otra intervención de Gendarmería, esta vez en la ruta 9, a la altura de la localidad de Tres Cruces, circunstancias en que se descubre irregularidades en el transporte de 18 mil kilos de hierro y alambre de procedencia extranjera.
Los gendarmes detectaron que el camión que llevaba dicha carga, valuada en 40 millones de pesos, no pudo justificar el ingreso de la misma, no obstante, se pudo descubrir, entre los papeles que tenía el conductor, un remito a nombre de la firma Nazaret SRL.
Informes a la AFIP y la DGA
La fiscalía pidió medidas, entre ellas, informes a la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas (DGA), intervenciones telefónicas y el levantamiento del secreto bancario, previa autorización judicial.
Como resultados de estas medidas de prueba, supervisadas por la auxiliar fiscal Valentina Casali, el Área de Casos Complejos identificó cuatro inmuebles desde los cuales se desarrollaba esta actividad comercial ilícita, por lo que solicitó los allanamientos correspondientes, las que se ejecutaron el 18 de septiembre pasado.
Las medidas estuvieron a cargo de unidades de Gendarmería Nacional, tanto de Salta como de Jujuy, con personal uniformados y contadores de dicha fuerza, a los que se sumaron inspectores y técnicos de la AFIP y la DGA, entre otros de los organismos de contralor que intervinieron en las pesquisas.
Allanamientos
El primer inmueble allanado fue el ubicado en la calle Patricias Argentinas al 700, en La Quiaca. Se trata de la vivienda de Bautista y un predio contiguo de grandes dimensiones, en donde se recibía mercadería que luego pasaba hacia Bolivia para ser comercializada o viceversa.
En el predio también se realizaba el lavado y mantenimiento de los colectivos de la empresa Balut. De este domicilio se secuestraron dos camionetas Toyota SW4, un camión Mercedes Benz, dos motos de alta gama y las sumas de 100.999.000 pesos argentinos, 429.000 pesos bolivianos y 2.100 dólares.
También se incautaron varios teléfonos celulares, una notebook, 14 cubiertas de camión, cuatro pallets de mercadería, de alambre y ocho pallets de comida para mascotas.
En el segundo inmueble allanado, en calle Balcarce al 900, de La Quiaca, donde funciona un supermercado mayorista, se encontró a un empleado que no estaba registrado por el Ministerio de Trabajo, que también intervino en la medida.
Allí se incautó la suma de 13.519.240 pesos, 271 pesos bolivianos, teléfonos, facturas, documentación comercial, sistemas de cámaras de video y cientos de cajas o bolsas de productos comestibles.
También en La Quiaca, se allanó otro inmueble ubicado en calle Lamadrid, en el que funcionaba otro supermercado. Allí fue detenido Bautista, quien estaba con dos empleados, uno de los cuales era un adolescente de nacionalidad boliviana de 16 años, sin los papeles migratorios, por lo que la fiscalía, a través del consulado de Bolivia, gestionó el salvoconducto necesario para la entrega del menor de edad a sus padres y su retorno a su país de origen.
Otra vez se procedió al secuestro de más dinero -esta vez 1.376.290 pesos-, teléfonos celulares, vehículos, entre ellos una camioneta Renault Kangoo nueva, computadoras, lectores de tarjeta de débito y más mercadería comestible.
El cuarto domicilio allanado se trata de un galpón ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el que residen un hijo de Bautista con su pareja. Este inmueble, según surgió de las escuchas telefónicas, se usaba de soporte para llevar y traer mercadería.
En su interior, había 1.078 cajones de cervezas vacíos, 296 latas de cerveza, más de mil botellas de aceite, también otras bebidas alcohólicas, 680 botellas de gaseosa, y la suma de 292.000 pesos.
Previo a formalizar la imputación penal, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que, por ninguna de las sumas de dinero secuestradas, Bautista pudo presentar justificación alguna, como así tampoco por la gran cantidad de mercadería almacenada, valuada provisoriamente en una suma cercana a los 400 millones de pesos.
Señaló que existen comunicaciones de las cuales se desprende que la cerveza, por ejemplo, era comercializada en el vecino país.
De los informes aportados por los organismos de contralor comercial e impositivo, se pudo conocer que los locales eran de la firma Nazaret SRL, la que presentaba promedio de ganancia mensual de 29 millones de pesos, pero los comprobantes apenas justificaban 4 millones.
Prisión preventiva
Descriptos los hechos, las pruebas y requerida la acumulación de los casos, la fiscalía requirió la prisión preventiva del único acusado, hasta ahora, en función del riesgo de fuga, entorpecimiento procesal, gravedad del hecho y la logística desplegada en el accionar ilícita.
En su análisis, el auxiliar fiscal descartó que Bautista pueda acceder a un beneficio de ejecución condicional en caso de recaer condena, pues la escala penal aplicada, en virtud de los delitos de contrabando y lavado de activos, oscila entre los 4 años y 6 meses y los 23 años de prisión. Además, recordó que el acusado violó las reglas de conductas impuestas, entre ellas la obligación de no incurrir en nuevos delitos ni salir del país.
Dichos fundamentos fueron compartidos por la jueza, quien dictó la prisión preventiva de Bautista, ya que también el acusado, por la enorme cantidad de dinero secuestrado en su poder, tiene la capacidad económica para darse a la fuga, como así también la facilidad para hacerlo, pues conoce los pasos ilegales.
MPF Nación