Tucumán: piden juicio para cinco policías provinciales acusados de un secuestro extorsivo

El fiscal subrogante de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, Agustín Chit, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich, y el auxiliar fiscal de esa dependencia, Ignacio Rueda, solicitaron la elevación a juicio de la causa seguida a cinco policías -tres de ellos en actividad y dos retirados o exonerados- por el secuestro extorsivo en 2022 de un hombre que fue liberado tras el pago de 200 mil pesos y la entrega de un auto como rescate. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron además la extracción de testimonios -es decir, de copias del expediente- para continuar la pesquisa en primera instancia con el objeto de dar con el paradero de un sexto acusado declarado rebelde.

Los cinco acusados son el excabo Ricardo Julio Rodríguez, por entonces con revista en la comisaría de Tafí Viejo, Centro de la Unidad Regional Norte (URN) de la Policía de Tucumán; el excabo primero en la Comisaría Seccional Trece de la URN, Martín Darío Romano; José Benito Villa, quien prestaba servicios en la Jefatura Zona II URN; el exsargento ayudante José Antonio Gallo; y el exagente (exonerado) Eduardo Germán Agüero. Al momento de los hechos, Rodríguez, Romano y Villa eran miembros activos de la policía.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, las conductas endilgadas a los cinco acusados tienen su encuadre en la figura de secuestro extorsivo consumado, agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por la participación de tres o más personas y por ser tres de los intervinientes funcionarios policiales; y robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por haber sido cometido en despoblado y en banda, en concurso real con el delito de asociación ilícita. Romano, Rodríguez, Agüero y Gallo deberán responder en calidad de coautores penalmente responsables, mientras que en el caso de Villa deberá hacerlo en calidad de partícipe necesario.

Los fiscales trabajaron de manera coordinada con personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Tucumán" de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y del Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina (PFA), que realizaron tanto tareas de campo como análisis de comunicaciones, y participaron de las detenciones de los imputados en los allanamientos realizados en septiembre de 2022.

El caso

El secuestro extorsivo objeto del proceso se concretó entre las 14.30 y las 19.45 hs, aproximadamente, del 18 de febrero de 2022, cuando la víctima P.N. se encontraba junto a un empleado en una finca familiar ubicada en la localidad de Arroyo Mixta, departamento de Leales, Tucumán.

De acuerdo a la imputación, Romano, Agüero, Rodríguez, Gallo, el acusado aún prófugo y un sexto hombre no identificado llegaron al lugar vestidos con indumentaria de la Policía de Tucumán e irrumpieron sin orden judicial al grito de “al piso, somos policías, esto es un allanamiento”. Esto fue posible gracias a que Villa, quien conocía previamente a la víctima, su familia y el enclave de la finca, realizó tareas de investigación previas y las compartió con el resto de los imputados.

Luego, los seis sujetos que habían ingresado al lugar esposaron a P.N. y al empleado y les refirieron que se encontraban detenidos, sin exhibir documentación alguna que avalara el procedimiento. Los secuestradores fotografiaron a su víctima en la parte trasera del domicilio donde había plantas de marihuana, y le hicieron expresa mención de que su libertad “tenía un precio”.

En ese contexto, P.N. les indicó a sus captores que no poseía dinero, motivo por el cual a lo largo del cautiverio los autores del hecho tomaron el teléfono de la víctima y cursaron llamadas de índole extorsivas hacía su entorno familiar. Los secuestradores se comunicaron con diversos parientes y en un principio les exigieron la entrega de 1 millón de pesos en concepto de rescate a cambio de su liberación.

En paralelo, registraron la vivienda y robaron herramientas y armamento, entre los que se encontraban dos escopetas, una pistola semiautomática, dos rifles de aire comprimido de tipo carabina, una motosierra y un compresor.

Tras las negociaciones, los secuestradores acordaron con los familiares la entrega de 200 mil pesos en efectivo y un automóvil propiedad del padre de la víctima en concepto de rescate, y le refirieron a esta última que la conducirían a una unidad policial.

Según se reconstruyó en el caso, la banda de secuestradores subió a P.N. a uno de los dos rodados en los que habían llegado, se llevó una motocicleta marca Honda propiedad de la víctima y se dirigió por la Ruta Nacional N° 9 hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán. En ese trayecto, el grupo detuvo la marcha en un almacén donde uno de ellos compró una gaseosa.

Luego de transitar por distintos sitios, los tres captores que se desplazaban con la víctima cautiva volvieron a parar en el Círculo de Oficiales de la Policía de Tucumán. En ese sitio, los tres secuestradores descendieron del vehículo para conversar, mientras P.N. permaneció solo en el interior del automóvil.

Luego de diez minutos, retornaron al auto con la víctima y continuaron circulando por la capital provincial, cargaron combustible y se dirigieron hacia la plaza del Barrio Jardín. Allí los secuestradores aguardaron en los bancos de la plaza el arribo del resto de la banda. Tras 45 minutos en ese sitio, uno de los captores obligó a P.N. a subirse junto con él a la motocicleta y se dirigió hacia el domicilio donde lo habían secuestrado, con la escolta de los cómplices que se encontraban en el segundo vehículo.

Pago de rescate y liberación

Alrededor de las 19.15 hs, el conductor de la moto arribó con P.N. al domicilio de este último, donde ya se encontraban reunidas las víctimas pasivas -es decir, las personas extorsionadas- del caso: su pareja, su padre y su cuñada.

Otro de los captores llegó a la vivienda y recogió la bolsa con el dinero de una parte del rescate y se retiró caminando hacia la esquina de la intersección de las calles Sargento Cabral y Marcos Paz, donde se subió a un auto que lo estaba aguardando. En tanto, el secuestrador que llevó a la víctima en moto, luego de dejarla allí, se retiró en el automóvil que los familiares también habían entregado en concepto de rescate. La liberación se dio alrededor de las 19.45, es decir, tras un poco más de cinco horas de cautiverio.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal marcaron que la materialidad de los hechos se encuentra corroborada por declaraciones testimoniales, registros de comunicaciones, imágenes fotográficas y tareas investigativas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad que intervinieron en la pesquisa.

Calificación legal

Chit, Marquevich y Rueda calificaron el hecho como un secuestro extorsivo consumado, agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por la participación de tres o más personas y por ser tres de los intervinientes funcionarios policiales.

Para los fiscales, quedó demostrado que la víctima fue objeto de sustracción, retención y ocultamiento, y que se contó con la intervención de más de tres personas en el hecho, junto con la calidad de funcionario público de al menos dos de los imputados, dado que el resto no estaban en actividad. Al respecto, destacaron “la mayor vulnerabilidad en la que se coloca a la víctima si sus captores pertenecen a alguna fuerza de seguridad”.

“En este caso concreto, no solamente se acreditó el estado policial de tres de los imputados, sino que, de acuerdo a lo demostrado, éstos se valían permanentemente de ello para desplegar las conductas extorsivas amenazando incluso con la imposición de penas privativas de libertad de extensa duración contra la víctima”, agregaron en el requerimiento.

También dieron por acreditado por el testimonio de las víctimas que los autores del secuestro participaron del robo de armas y herramientas en la finca. “Aun cuando no haya sido cada imputado en particular quien realizó las acciones específicas de sustraerle las pertenencias a las víctimas, lo cierto es que igualmente cada uno de ellos resultaron coautores del ilícito, por haber existido un dominio funcional de los sucesos, en el que todo el grupo tenía un plan común y, naturalmente, todos se beneficiaron del producto del quehacer delictivo”, agregaron.

En el mismo sentido, los representantes del MPF consideraron acreditado que las sustracciones fueron desarrolladas mediante el empleo de armas de fuego, lo cual también fue verificado por los testimonios de las víctimas.

Asociación ilícita

Por último, los fiscales atribuyeron a los cinco imputados y el acusado prófugo haber tomado parte en carácter de miembros de una asociación destinada a la comisión de hechos ilícitos, como secuestro extorsivo, privación ilegal de la libertad, robo y violación de domicilio, valiéndose para ello de amenazas y del ejercicio de violencia mediante la utilización de armas de fuego.

Al respecto, resaltaron que se encuentra acreditado que la asociación ilícita integrada por los encausados ejecutó otro robo ocurrido cuatro días antes del secuestro, y de los elementos de prueba recogidos surgió un idéntico proceder en la forma como se desarrollaron ambos hechos.

De acuerdo a la evidencia, en ambos sucesos participó al menos Romano, y resultó claro que tuvieron una configuración similar: ingresos a domicilios de particulares por parte de agentes policiales y/o personas con uniforme policial que invocaron su carácter de tales, y que se sirvieron de ello para ejecutar acciones delictivas. Los imputados se asignaron en los dos hechos funciones policiales y vestían uniformes de la fuerza de seguridad local.

Los fiscales sumaron a ello que, en el marco de los allanamientos ordenados, se encontraron uniformes policiales, chalecos, gorras, tonfas, credenciales, placas, esposas, chapas identificatorias y otros distintivos de esa fuerza.

En efecto, en las actas de los procedimientos realizados en los domicilios de los imputados Gallo y Agüero, surgió que, pese a no revestir más en la fuerza, seguían ostentando en su poder diferentes prendas que los identificaban como policías provinciales.

Asimismo, se demostró que uno de los acusados de esta organización también tenía vínculos con otra célula similar de integrantes de la policía de la provincia y de la Policía Federal, destinada a secuestros extorsivos.

MPF Nación

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