Lesa Humanidad: en Salta juzgan a un exmilitar y a excomisarios de las policías provincial y federal

El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Federico Santiago Díaz (presidente), María Alejandra Cataldi y Jorge Abelardo Basbus, comenzó la pasada semana el juicio seguido contra los exmilitares Ernesto Alejandro Repossi y el excomisario de la Policía de Salta Joaquín Guil por el asesinato del médico Pedro Enrique Urueña en el marco del terrorismo de Estado que antecedió a la última dictadura.

De acuerdo con la acusación fiscal, el crimen fue perpetrado el 16 de diciembre de 1975, en el marco de un procedimiento conjunto del Ejército y de la Policía de Salta, cuyos integrantes secuestraron a Urueña de su casa en Tartagal, para luego ejecutarlo a balazos y dinamitar su cuerpo. El móvil del crimen está vinculado con la labor política y social que desarrollaba Urueña en el norte de la provincia.

La fiscalía imputó a los acusados los delitos de privación ilegal de la libertad, cometida por un funcionario público, con abuso funcional y falta de las formalidades prescriptas por la ley, agravada por haberse cometido con violencia y amenazas; en concurso real con homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas.

En el inicio del debate, el presidente del tribunal ordenó la lectura de la acusación, de la que surge que Urueña fue blanco de un grupo de tareas comandado por personal del Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, del cual era jefe el acusado Repossi.

Según la pieza, cinco hombres de civil, en un auto Ford Falcón, con armas largas e identificándose como policías, llegaron a la casa de la víctima y dijeron que iban a realizar un allanamiento, sin mostrar orden judicial alguna y con una inusitada violencia, tras lo cual se llevaron al profesional. Lo condujeron por la ruta nacional 34 hasta un camino que conduce al paraje Balbuena, a unos 8 kilómetros al sur de General Mosconi y en esa encrucijada lo ejecutaron mediante disparos de arma de fuego y la detonación de explosivos en su cuerpo. Al día siguiente, aparecieron en la escena del crimen partes del cuerpo destrozado por acción de los explosivos y una cápsula de bala servida calibre 9 milímetros.

Después de expuesta la acusación y dado que ninguno de los acusados solicitó declarar, se dio paso a la etapa testimonial, en la que se destacó el relato dado por la viuda de la víctima.

Al igual que lo que había declarado en la fase de instrucción, la mujer confirmó que su esposo ya había sido víctima de otros operativos en diciembre de 1974 y en marzo de 1975, y que había sido alojado en el penal de Villa Las Rosas por “razones políticas”, pues militaba en la Juventud Peronista y, dada su profesión, tenía una fuerte influencia social en esa región.

En relación con el secuestro, la mujer reiteró la secuencia descripta en la acusación. Dijo que quienes se llevaron a su esposo fueron cuatro o cinco hombres, que entraron a las patadas después de que su madre abriera la puerta, dado los fuertes golpes que daban estos sujetos.

Contó que, en ese contexto, intentó impedir que se llevaran a su marido, pero indicó que fue inútil y que, al preguntar respecto a dónde sería alojado, le respondieron que ella “no podía ir” a ese lugar. Explicó que en ese momento trató de seguir el vehículo en el que se movilizaban los secuestradores, pero que, debido a los nervios, no pudo encontrar a tiempo las llaves de su rodado y los perdió de vista.

Sobre el peregrinar posterior que la mujer realizó junto a la madre de Urueña para saber dónde estaba detenido, contó que intentaron hablar con autoridades del Regimiento de Monte 28, pero ni siquiera con una recomendación de otro jefe militar de Tucumán pudieron ser atendidas.

Tras relatar otros episodios que fueron parte del periplo por conocer la situación de su esposo, indicó que el 27 de ese mes recibió un llamado anónimo en el que le informaron que a media cuadra había una carta que era para ella. Explicó que entonces dio aviso a las autoridades, tras lo cual fue informada del contenido de la misiva, por la cual supo que su esposo había sido ejecutado en el camino al paraje a Balbuena por el denominado “Comando Libertadores de América”.

En efecto, un acta labrada el 26 de diciembre de 1975 por la policía local registró el reconocimiento que hizo la testigo del cuerpo de Urueña luego de que se le exhibieran retazos de prendas de vestir.

En su declaración durante el inicio del debate, la mujer confirmó la militancia política y la tarea social realizada por su esposo, como fundador de varios centros asistenciales en las localidades de Pocitos, Coronel Cornejo, Ballivián y Mosconi.

Con ese testimonio y otros elementos recogidos en la investigación, la fiscalía entiende acreditado que Urueña pertenecía a la Juventud Peronista y que tenía una reconocida trayectoria política en todo el noroeste, lo cual fue motivo para que fuera considerado un oponente al régimen dictatorial.

Golpizas y traslados

Por otro lado, el Tribunal Oral Federal N°2, integrado también con el juez Díaz, en calidad de presidente, junto a Cataldi y la jueza Gabriela Catalano, comenzó también el jueves pasado a juzgar a Juan Carlos Alzugaray, exinspector de la Delegación Salta de la Policía Federal, por su participación, en grado de coautor, del delito de imposición de tormentos agravados en perjuicio de Eduardo José Porcel (h), agravado por ser la víctima un perseguido político.

Los hechos que afectaron a Porcel tuvieron inicio el día 18 de enero de 1975, cuando fue detenido sin orden judicial por efectivos de la Policía de la Provincia en el kilómetro 13 de la ruta nacional N°9, en el trayecto entre la ciudad de Salta y Tucumán, en el marco de control policial.

De acuerdo con la pieza acusatoria, la víctima fue conducida desde ese lugar a la Central de Policía, en la capital salteña, donde fue interrogada por sus vinculaciones con otros disidentes políticos, tras lo cual fue trasladada a la Delegación Salta de la Policía Federal, donde se repitió la situación, aunque en este caso fue sometida a torturas por personal de esa fuerza, en particular por Alzugaray.

Porcel fue trasladado al otro día al penal provincial de Villa Las Rosas, donde quedó alojado en calidad de detenido “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. El 1° de abril fue trasladado con los ojos vendados hasta Tucumán, por una supuesta orden del juez federal de esa provincia, pero terminó en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita”, en la localidad tucumana de Famaillá, donde fue sometido a distinto tipo de torturas.

Siempre según la acusación, posteriormente fue derivado a diferentes unidades carcelarias del país, donde fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entre otros penales, estuvo en la cárcel de “Villa Urquiza” de Tucumán, en la de Rawson y en la ciudad La Plata.

El 19 de noviembre de 1982 fue puesto bajo el régimen de libertad vigilada y recuperó plenamente su libertad el día 21 de septiembre de 1983. En función de este derrotero ilegal y criminal, la fiscalía enmarcó los hechos vividos como resultado del plan sistemático de represión ilegal imperante durante el terrorismo de estado e individualizó a Alzugaray como uno de los responsables.

En el inicio del debate, se destacó la declaración brindada por la propia víctima, quien dio detalles del secuestro, las reiteradas golpizas, las torturas y los traslados por cárceles situadas de norte a sur del país, sin que existiera una causa valedera que justificara su detención.

Recordó que fue detenido en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 13, por un control conjunto que realizaba personal de Ejército y de la Policía de la Provincia cuando viajaba a Tucumán para rendir una materia en la carrera de Derecho.

Sostuvo que, desde allí, lo llevaron a la Central de Policía, en Salta, donde pudo reconocer a otros jefes policiales y represores, y que luego fue trasladado a la sede de la Policía Federal, donde fue sometido a interrogatorios y golpes. Explicó que en esas circunstancias reconoció a Alzugaray como uno de los torturadores que le exigió la revelación de datos de otra persona que buscaban.

Porcel precisó que en la Policía Federal también estaban detenidos Luciano Jaime, entre otros militantes políticos de la época, y confirmó que la persecución se extendió a otros integrantes de su grupo familiar, por su actividad política y gremial.

Añadió que, luego de tres o cuatro días, fue trasladado al penal de Villa Las Rosas, donde estuvo alojado 20 días y fue víctima de golpizas en dos o tres oportunidades, tras lo cual le vendaron los ojos y lo condujeron al centro clandestino de detención conocido como “Escuelita” de Famaillá, Tucumán, donde permaneció otros 30 días.

Sostuvo que, posteriormente, lo derivaron a la cárcel de Villa Urquiza junto a delegados de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y que después abordaron un avión con más cien personas, siempre con los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Describió que, de esa forma, viajaron hasta la provincia de Santa Cruz y, diez días después, los llevaron al penal federal de Rawson, en Chubut.

Agregó que, a los días, lo sacaron junto a unos treinta detenidos como rehenes del penal y los llevaron a la ciudad de La Plata, aunque no pudo precisar cuántos eran, aunque dijo que fue transportado en un furgón a un destino que no pudo determinar, ya que tenía los ojos vendados.

Porcel explicó que tiempo después fue trasladado a la cárcel de La Plata, donde logró escuchar una discusión entre el personal que iba en el camión del Ejército y los guardiacárceles de la puerta de la Unidad N°9 de esa capital provincial acerca de si los dejaban o no ingresar, puesto que los penitenciarios no lo querían recibir.

Explicó que pudo saber que la resistencia para alojarlo estuvo fundada en el grave estado de salud que presentaba. Dijo que en esa circunstancia fue obligado a firmar un papel en el que asumía haber golpeado a un familiar e indicó que, debido a las lesiones padecidas, estaba totalmente aturdido, por lo que firmó. Por último, indicó que su situación de encierro se extendió hasta pocos días antes de las elecciones de 1983, cuando finalmente recuperó la libertad.

MPF Nación

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