Lesa Humanidad en Tucumán: continúan los alegatos en la megacausa "Jefatura III" por desaparición de personas

El Ministerio Público Fiscal inició esta semana su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán en el debate de la denominada megacausa “Jefatura III”, en el que se aborda la participación y la responsabilidad penal de 25 exmilitares y expolicías de la provincia, quienes llegaron a esta instancia acusados por delitos cometidos en perjuicio de 232 víctimas, de las cuales 84 continúan desaparecidas desde la época del terrorismo de Estado.

El juicio trata la tercera parte del universo procesal de la megacausa "Jefatura de Policía de Tucumán", donde se investigan crímenes de lesa humanidad que tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la jefatura policial tucumana y en las instalaciones del exingenio Nueva Baviera, que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966. En este juicio, el Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, junto a un equipo conformado por personal de la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán.

La lista de acusados incluye a los exmilitares Camilo Angel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Mario Miguel Dursi, Luis Rolando Ocaranza, José Roberto Abba, Luis Alberto Ocaranza y Augusto Leonardo Neme. Los demás imputados, pertenecientes a la Policía de Tucumán, son Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Miguel Ángel Chaile, Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte, Maria Luisa Acosta de Barraza, Antonio Vercellone, Ramón Jodar, Alberto Rivero, Emilio Abec, Segundo Acosta, Miguel Angel Nieva, Miguel Angel Venturino, Juan Luis Villacorta, Pablo Zárate, Olga Aguilar de Porcelo, Mario Senco, José Antonio Váquez, Juan Carlos Soria y Luis Ocaranza. Entretanto, Manuel Vila falleció el mismo día en que comenzaba la discusión final.

En la primera jornada de alegato, Camuña realizó un detalle pormenorizado de la prueba producida a lo largo del juicio que permitió demostrar el lugar que ocupaban tanto la Jefatura como el Ingenio Nueva Baviera en el esquema represivo de la provincia durante la última dictadura. El fiscal también hizo alusión a la existencia de un pacto de silencio entre los acusados para no brindar información sobre el paradero de las víctimas desaparecidas, señalando el daño de esa omisión, que no solo afecta a los familiares de las víctimas sino también al esclarecimiento de los hechos por los cuales fueron llevados a juicio.

Camuña remarcó que, si bien gran parte de la evidencia documental fue destruida, a lo largo del debate se logró producir una vasta cantidad de pruebas “que han podido probar la materialidad de los hechos”. En ese sentido, destacó los 213 testigos que declararon ante el tribunal, que se sumaron a 65 testimonios recibidos en otros juicios y a casi un centenar más de testimonios incorporados por lectura; a ello se sumaron 107 habeas corpus originales de la época de los hechos, así como casi dos centenares de legajos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y de la Comisión Bicameral investigadora de la Legislatura de Tucumán, junto con denuncias presentadas en organismos internacionales de derechos humanos.

Asimismo, valoró fundamental la identificación pericial por el Equipo Argentino de Antropología Forense de 17 cuerpos o fragmentos óseos de las víctimas recuperados de la fosa común conocida como “Pozo de Vargas” y uno en el cementerio de la localidad de Choromoro.

Otro elemento ponderado por la fiscalía fue la documentación extraída de la Jefatura, recuperada por el testigo Juan Carlos Clemente entre 1977 y 1978 y conservadas hasta 2008, cuando las presentó ante el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal tucumano en el marco de su testimonio en el juicio conocido como “Jefatura I”. Entre los archivos aportados por el testigo, calificados como “únicos en el país y de enorme relevancia histórica” por la fiscalía, figura un documento de inteligencia titulado “Índice de declaraciones de DS (delincuentes subversivos)” en el que aparecen enlistadas 293 personas que pasaron por el CCD “Jefatura”.

Junto a los datos personales de cada una aparece una triple anotación según el destino que la llamada comunidad informativa de inteligencia decidía darle a cada víctima: “PEN” (la “legalización” de su detención reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional), “libertad” (cuando eran liberados sin ningún tipo de formalidad) y finalmente la sigla “DF” que significa “Disposición Final”, es decir que se había decidido su ejecución extrajudicial y el posterior ocultamiento de sus cadáveres.

Camuña también remarcó que el 65% de las víctimas eran jóvenes de entre 20 y 39 años, muchas de ellos con hijos al momento de sus secuestros, y que un 80% fueron secuestradas de sus hogares familiares, casi todos ubicados en las zonas urbanas tanto de la capital provincial como del Gran San Miguel de Tucumán. El representante del Ministerio Público Fiscal también puso el foco en que la mayoría de las víctimas pertenecían a tres grupos principales: obreros de la industria azucarera, funcionarios de la administración pública del gobierno depuesto y estudiantes universitarios. En los casos en que tenían militancia comprobada, correspondía a organizaciones sindicales, estudiantiles o barriales, así como en distintas ramas del peronismo y el radicalismo.

Camuña requirió a los jueces del TOF que todos los hechos de la causa sean considerados constitutivos de lesa humanidad, cuestión que fue reforzada por la intervención de la auxiliar fiscal García Salemi en la segunda jornada, antes del repaso pormenorizado de cada uno de los casos que componen el objeto del proceso.

El juicio

Los hechos que se juzgan en este juicio -violaciones de domicilios, privaciones ilegítimas de la libertad con apremios, torturas agravadas, abusos sexuales y homicidios calificados- fueron cometidos principalmente en torno al centro clandestino de detención (CCD) “Jefatura de Policía de Tucumán” y a partir de la actuación del grupo del llamado Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) que lo operaba. Este lugar y esta porción del aparato criminal fueron objeto de debates orales en dos oportunidades anteriores por otros cientos de casos, por los que en 2008 y 2014 se dictaron condenas significativas a un gran número de acusados.

El juicio abarca también hechos llevados adelante por este grupo especializado de represión ilegal en el CCD “Nueva Baviera” o Puesto de Comando Táctico, ubicado en Famaillá, en el sur de la provincia, y coordinado por el Ejército. El objeto procesal cuenta asimismo con hechos en los que se reporta un actuar coordinado con el accionar de al menos 32 comisarías distribuidas por toda la provincia.

El alegato de la fiscalía se completará en otras tres jornadas: el 19 de junio, el 5 de julio y el 6 de agosto de 2024.

MPF Nación

Más sobre: Tucumán.