Queda firme la reforma constitucional de Morales en Jujuy luego que Nación desistiera de la demanda por inconstitucionalidad

En un gesto jurídico pero también político por parte del gobierno de Javier Milei, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó desistir de la demanda por inconstitucionalidad que había planteado su antecesor Alberto Fernández contra la reforma de la Constitución de Jujuy que implementó el entonces gobernador Gerardo Morales. De esta forma, la Corte Suprema no se expedirá sobre la presunta violación de la Constitución Nacional, a partir de los artículos incorporados por la Convención Constituyente local, a mediados de 2023.

La decisión reviste una gestualidad a la UCR -pese a que Morales había sido blanco de muchos cuestionamientos por parte de Milei en campaña- aunque no reporta votos en el Senado de cara a la negociación por la ley Bases, ya que la provincia posee dos senadores por LLA que votarán a favor, y la banca restante es de Unión por la Patria, lo que descuenta un voto negativo.

En su momento, y apenas había sido modificada, Fernández ordenó al Ministerio de Justicia que encabezaba Martín Soria que plantee ante la Corte Suprema un conflicto de competencia originaria ante la presunta inconstitucionalidad de la reforma. Argumentó que volaba los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 19, 31, 33, 75 inc. 17 y 22 y 123 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por Argentina, según la presentación del Gobierno nacional. El escrito planteaba la “gravedad institucional” generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, impulsada por Gobernador Morales, ya que “está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.

Qué planteaba la reforma en Jujuy

En lo esencial, y con muchas modificaciones desde el proyecto original de Morales, los puntos con mayor cuestionamiento eran la prohibición de cortes de calle y rutas, una modificación del régimen sobre propiedad privada mucho más firme y contrario a las ocupaciones y un apartado dedicado a comunidades originarias. La UCR llegó a un acuerdo con el PJ y votó en conjunto en la Convención, mientras que la izquierda se opuso. El consenso llegó de la mano del recorte de otros puntos de la iniciativa original que quedaron en el camino, como la eliminación de las elecciones de medio término, nuevas mayorías para la Legislatura y era mucho más duro contra quienes alterasen la paz social.

En agosto, el procurador general interino Eduardo Casal había dictaminado que le correspondía a la Corte Suprema tratar el caso por competencia originaria por tratarse de un conflicto entre una provincia y el Estado Nacional. Con el desistimiento del Ejecutivo que deberá incorporarse al expediente, ya no existe controversia que tratar para el máximo Tribunal.

fuente: Ámbito

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