Remsa deberá dar respuesta a los informes solicitados por la diputada Sofia Sierra

La diputada provincial Sofía Sierra reiteró en la sesión de ayer martes el pedido de respuesta a los informes solicitados a Remsa durante este año. La solicitud fue sometida a votación por el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y aprobada por unanimidad por el cuerpo.

REMSa. S.A. (Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A.) es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, responsable de administrar los recursos energéticos y mineros de la Provincia.

La legisladora del Pro presentó a Remsa tres pedidos de informes en lo que va del año y todos están sin respuesta. En marzo solicitó conocer las obras a ejecutarse durante 2023; en junio pidió informes sobre las inversiones financieras vigentes y, en agosto, solicitó un detalle de los contratos celebrados en el marco de los Concursos de Proyectos Integrales para estudio, prospección, exploración o explotación de las zonas exclusivas de interés especial pertenecientes a Remsa, que se hayan realizado desde 2019. Asimismo, se pedía una copia de los mismos.

Por otro lado, y siguiendo con la línea de proyectos presentados en pos de fomentar la institucionalidad y la transparencia de las gestiones, la diputada presentó un proyecto para modificar el artículo tercero de la Ley de Contabilidad de la Provincia, con el objetivo de que el Presupuesto exponga, de manera desagregada, el detalle de erogaciones hasta el nivel de secretaría. También apunta a modificar el artículo 6°, donde se informe la distribución de las partidas y la totalidad de las planillas, y que todo ello quede expuesto en una modalidad abierta, que permita su descarga. Además, esta iniciativa prevé que la publicación de la ejecución presupuestaria también contenga información hasta nivel secretaría y con formato abierto.

En contra de la modificación de la Ley de Digesto

En la sesión de este martes, además, la diputada dio su voto negativo a la modificación del artículo 5to de la ley 7913 y la derogación de la ley 7530 que establecía el digesto jurídico.

Tras citar casos como el de Córdoba o Buenos Aires, en los que las modificaciones del digesto se deben realizar por ley, Sierra argumentó que el digesto tiene valor normativo y no se trata solo de una tarea administrativa. “Si el digesto fuese una mera exposición de leyes, no habría problema, pero esto tiene valor normativo y no solo estamos delegando nuestras atribuciones legislativas. Está muy bien firmar convenio para la elaboración técnica del mismo, pero luego debe ser aprobado por la Legislatura”, enfatizó. “No podemos atribuir al Boletín Oficial -un organismo del Poder Ejecutivo- la última palabra. La aprobación final de las actualizaciones tiene que venir por parte de la Legislatura”.

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