Santa Victoria Este: Nación anunció nuevas inversiones para la relocalización de las familias criollas por el caso Lhaka Honhat

En una sesión extraordinaria de la Mesa de Gestión Territorial de Santa Victoria Este, autoridades nacionales y provinciales anunciaron ayer inversiones en el marco del Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos (AGRO XXI), en el ámbito de los ex lotes fiscales 55 y 14 de la Provincia de Salta.

Los recursos serán destinados a la relocalizacion de las familias campesinas, tal como marca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de febrero de 2020. Las familias recibirán apoyo para la instalación de pasturas, cerramientos y represas de agua con fines productivos, de manera de incentivar su relocalizacion fuera del territorio indígena.

Es la primera vez en 30 años de conflicto territorial que el Estado Nacional realizará una inversión destinada a apoyar a la totalidad de las 250 familias campesinas que firmaron acuerdos con las comunidades indígenas para reubicarse fuera de su territorio. A su vez AGRO XXI también financiará la instalación de cercos agroforestales para la producción de alimentos entre las comunidades indígenas, con el fin de cumplir las órdenes impuestas en la sentencia en materia de soberanía alimentaria.

Del evento participaron Nicolás Rapetti, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos y titular de la Unidad Ejecutora de la Sentencia, Pablo Sívori, subsecretario de Gestión Federal para el Desarrollo del Ministerio de Economía y demás autoridades del INTA, el INAFCI y los ministerios de Desarrollo Social, Infraestructura y de la producción del Gobierno de Salta. La formulación, diseño y ejecución en territorio de los proyectos estará a cargo del equipo local INTA-INAFCI y de la Unidad Ejecutora de la Provincia.

El caso Lhaka Honhat

El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades indígenas respecto de las tierras que ocupan ancestralmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del CELS, en 1998.

En el transcurso de todos esos años, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente y llevaron adelante trascendentales negociaciones sobre el territorio de 643 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14, con la destacada participación del recientemente fallecido coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez.

En 2018, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó al Estado argentino ejecutar aquellos acuerdos, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad para las comunidades, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas.

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