Un efectivo de Gendarmería Nacional que revistaba en el Escuadro 20 de Orán fue imputado ayer por el delito de transporte de estupefacientes agravado por ser cometido por un integrante de una fuerza de seguridad abocada a la prevención del narcotráfico.
La acusación fue impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal y se formalizó ante la jueza federal de Garantías de esa ciudad, Ivana Hernández, quien convalidó la imputación y dictó la prisión preventiva del acusado, también solicitada por la fiscalía.
Al presentar el caso en la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal federal Marcos Romero informó que la detención del acusado, Omar De Lima Vianna, se había producido como resultado de una investigación llevada adelante con personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Oran.
Romero sostuvo que todo se inició a raíz de una denuncia anónima, a través de la cual se aportaron datos respecto a la participación del gendarme imputado en actividades de narcotráfico. En vista de ello, y bajo la dirección del auxiliar fiscal Rafael Lamas, se iniciaron tareas de campo e inteligencia criminal.
El fiscal narró que ayer por la mañana se observó al gendarme salir de su vivienda con un bolso negro y una cubierta para ascender a un vehículo VW Vento, en el cual se dirigió a una gomería ubicada en la avenida Constituyente y calle Aconquija, en esa misma ciudad.
Agregó que, posteriormente, el imputado abandonó el taller y circuló por inmediaciones del barrio 20 viviendas, para luego dirigirse a la localidad de Colonia Santa Rosa, distante a unos 55 kilómetros. En ese lugar ya se encontraba apostado otro grupo de investigadores, pues se conocía que el gendarme podría hacer una entrega de droga.
En ese municipio, el imputado fue visualizado al volante del VW Vento en una calle que conduce al cementerio, donde debía encontrarse con otras personas que viajaban en un automóvil Renault Sandero, que también apareció en escena.
Interceptado
El fiscal precisó que, a metros de que ambos autos se detuvieran, los ocupantes del Renault Sandero se percataron de la presencia del personal de civil de la Gendarmería Nacional, por lo que se dieron a la fuga. En esa circunstancia fue interceptado De Lima Vianna, quien hasta ese momento no había visto a los investigadores.
Añadió que, cuando vio a sus colegas acercarse, el imputado puso reversa e impactó con el móvil que lo perseguía para insistir con la fuga, e incluso exhibió un arma de fuego de manera intimidatoria.
Cuando el acusado pretendía huir en su automóvil -reseñó el fiscal-, los investigadores realizaron disparos con balas de posta de goma, con lo cual se logró evitar el escape. El imputado fue reducido de inmediato y se determinó que el arma que había esgrimido era una réplica.
Romero explicó que posteriormente, bajo la supervisión del auxiliar fiscal, se constató la existencia de tres paquetes dentro de un bolso que el gendarme llevaba en el asiento del acompañante, que contenían cocaína con un peso de más de tres kilos.
En el procedimiento también se secuestraron dos teléfonos celulares y se prestó inmediata asistencia médica al imputado. Así, se constató que presentaba leves lesiones a la altura del ojo derecho, producto de las esquirlas desprendidas del vidrio de la ventanilla del rodado.
A partir de este relato de los hechos, el fiscal fundó la imputación penal contra De Lima, para quien pidió la prisión preventiva, puesto que la investigación se encuentra en un estado incipiente y se encuentran pendientes diversas medidas de investigación.
Entre otros argumentos, el fiscal citó el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal. Consideró el hecho como de suma gravedad no sólo por la calidad de funcionario público del acusado, sino también por el comportamiento demostrado por De Lima Vianna al ser descubierto.
Al momento de resolver, la jueza repasó los hechos relatados por el fiscal, coincidió con la gravedad del caso, dio por formalizada la imputación penal y concedió, tanto la prisión preventiva como la autorización requerida por la fiscalía para avanzar con diligencias pendientes, entre ellas los peritajes a la droga y a los teléfonos secuestrados.
fuente: MPF Nación