La delegación del INADI en Salta hizo público el acompañamiento a las víctimas de abuso sexual de Misión Kilómetro 2, de Pluma de Pato, Rivadavia Banda Norte, quienes denunciaron en febrero pasado más de 25 hechos de violencia sexual de los cuales fueron víctimas. Muchas de ellas también denunciaron la falta de filiación de hijas e hijos nacidos producto de esos abusos y reclamaron que se reconozca su derecho.
El delegado, Gustavo Farquharson, expresó el acompañamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo a las víctimas, ante la difusión masiva en medios de comunicación de las prácticas racistas de abuso, que muchas veces encontraron justificación en la supuesta “práctica cultural” y que actualmente son investigadas formalmente.
El funcionario nacional destacó el hecho de “que las mujeres hayan quebrado el silencio histórico y decidido compartir públicamente sus experiencias, porque ello posibilita que se visibilicen las atrocidades a las que fueron y son sometidas las mujeres y niñas de las comunidades, quienes resultan víctimas de violencia de género, de odio racial y de clase”.
Al mismo tiempo, destacó que hoy esas víctimas puedan afrontar el reclamo públicamente, porque el abandono estatal histórico y la ausencia del Poder Judicial, profundizaron la invisibilización y violencia simbólica sobre las mujeres.
El 15 de enero, la niña Pamela Julia Flores, de la etnia wichí, fue hallada sin vida a la vera de la ruta 81, en uno de los accesos a la localidad de Pluma de Pato.
El 11 de febrero, invitados por la referenta wichi Octorina Zamora, el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo y el delegado del INADI, Gustavo Farquharson, junto a otras autoridades, participaron de la Primer Asamblea General de Mujeres Indígenas de Ruta 81, donde se abordaron problemáticas que afectan a la población indígena del departamento Rivadavia.
El martes 22, mujeres de la Misión Kilómetro 2, de Pluma de Pato, Rivadavia Banda Norte, presentaron la denuncia colectiva, quien dio intervención al Ministerio Público Fiscal, para que determine si existió la comisión de delitos penales y especialmente aquellos que atentan contra la Integridad Sexual; a la Asesoría General de la Provincia, porque interviene en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental, tanto en procesos extrajudiciales como judiciales; y a la Defensoría General de la Provincia, que le compete el asesoramiento jurídico gratuito de las personas de escasos recursos, en cumplimiento de la garantía constitucional instituida por el artículo 18 de la Constitución Provincial.
Ya se dictaron varios talleres de asesoramiento jurídico accesible para garantizar el acceso al servicio de justicia y se entregó a las comunidades, una Guía en Intervención en Abusos Sexuales bilingüe en wichi y castellano.
Ante estos hechos, Farquharson expresó la necesidad de “avanzar en las acciones necesarias que permitan sentar un precedente histórico, para que el Servicio de Administración de Justicia propicie el camino a la erradicación de estas prácticas de violencia sexual, de género y racismo”.
fuente: INADI