Cafayate: tras analizar el informe de una Comisión Investigadora destituyen al Intendente Almeda

El proceso que comenzó en junio pasado con la aprobación del pedido para iniciar el juicio político al intendente cafayateño Fernando Almeda, por defraudación y mal desempeño de sus funciones, culminó la noche del miércoles pasado con la ordenanza que dispone su destitución.

Antes de comenzar la sesión, los integrantes del Concejo Deliberante de aquella ciudad de los Valles Calchaquíes analizaron el informe que había emitido la Comisión Investigadora creada a tal fin y determinaron que tenían las pruebas suficientes como para presentar sobre tablas y aprobar la ordenanza.

Así fue como, tras algunas interrupciones y cuartos intermedios, cinco de los siete concejales votaron a favor del proyecto, el único que lo hizo en contra fue el oficialista René Condorí. Mientras que el presidente del cuerpo, Adrián Torres, no debió expresar su voto ya que se habían alcanzado los dos tercios que se necesitan para aprobar la iniciativa.

En la destitución aprobada por los concejales también se señala una lista de informes solicitados por el cuerpo deliberativo al municipio y que nunca fueron contestados, “son 98 pedidos de informe económicos y financieros que nunca se dignó a contestar”, describió Castro. Y añadió que en 2020 no se presentó la ordenanza presupuestaria ni la ejecución del presupuesto, “recién en mayo de este año acercó las ejecuciones del 2020 y es confusa porque no existió un presupuesto para saber qué se había planificado y qué se fue haciendo”. Mientras que en 2021 tampoco recibieron la previsión presupuestaria municipal.

Otro de los ítems que reprocharon los concejales, y que según ellos hicieron enojar mucho a la ciudadanía que los castigó con el voto en las últimas elecciones, fueron algunas decisiones inconsultas, como la cesión de dos locales de la Terminal de Ómnibus al IPS “por $6.000 por todo concepto, cuando hay vecinos que lo solicitaban para poner sus negocios pero se les negaban por no recaudar lo suficiente”.

“Lo mismo hizo con el Ministerio de Seguridad, permitiéndole a Seguridad Vial que ingrese al ejido urbano de Cafayate, cuando el municipio tiene Secretaría de Tránsito”, y esa autorización la debería realizar el Concejo. Castro detalló que en ese convenio el 60% de lo recaudado se va a las arcas provinciales, “y Cafayate se queda con las monedas”.

Son varias las causales que reporta el informe, como obras inclusas y entrega de loteos entre otros.

Ahora los abogados del jefe comunal tienen 10 días hábiles para presentar recurrir a la Corte de Justicia de Salta, que será la encargada de revisar la decisión del Concejo Deliberante y confirmar o no la destitución de Almeda

fuente: Pagina 12

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