En el día de la fecha la Defensoría del Pueblo de Salta a cargo de la Dra. Frida Fonseca Lardies, expuso en la Audiencia Publica numero 99 vinculada al incremento tarifario del gas que se llevó a cabo en esta ciudad en la Sede de COPAIPA . En la oportunidad la Comisionada a cargo de la Defensoría del Pueblo planteo el categórico rechazo al incremento de la tarifa del gas, debido a la situación crítica de carácter social y económica que viven los argentinos en general y los Salteños en particular provocada por una fuerte devaluación de la moneda y el tremendo costo inflacionario.
En ese sentido, reveló la necesidad de garantizar los principios que la Corte Suprema de Justicia de la Nación amparada en el plexo de la Constitución Nacional establece cuales son: No confiscatoriedad , Proporcionalidad, Acequibiludad y Razonabilidad de las Tarifas que fueron establecidos en el caso Cepis.
En tal sentido es necesario considerar el reclamo de los usuarios que no tienen capacidad de pago debido a los diferentes incrementos. Desde la Defensoría se planteó la situación de Salta en el contexto nacional, donde más del 50% de los ciudadanos deben recurrir al gas envasado mediante la compra de garrafa para poder nutrirse de la energía correspondiente.
Se solicito el incremento del subsidio a los beneficiarios para la compra de garrafa social y se pidió el incremento en la bonificación del precio en Tarifa Social el cual se ha reducido significativamente provocando un impacto negativo.
La funcionaria solicitó al Enargas que en el marco de las resoluciones aprobadas para las revisiones tarifarias las cuales no son automáticas tenga en consideración el impacto en las economías familiares, se consideren los niveles de actividad laboral salarios y jubilaciones como parámetros necesarios para definir el cuadro tarifario.
Dada la situación económica, se posponga el ajuste y se defina una tarifa proporcional a los salarios que no puede superar el 23% anual.
Es importante analizar la situación socioeconómica que atraviesa el país, en donde los usuarios son los más vulnerables de la relación de consumo. Es imposible que puedan soportar este impacto sobre sus salarios.
El estado debe garantizar la accesibilidad al servicio y debe considerar que, del mismo salario, deben sostenerse todos los aumentos que se han producido a nivel tarifario, además de sostener la calidad de vida de las familias.
Por último, la Defensora del Pueblo requirió no autorizar el incremento peticionado por las empresas, suspender el ajuste semestral hasta que se supere la emergencia económica, y definir a la garrafa como un servicio público y esencial para los sectores más vulnerables.