En la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaras y el vicepresidente del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Gustavo Peters mantuvieron un encuentro y acordaron darle continuidad al relevamiento de comunidades aborígenes de nuestra provincia.
Durante la reunión, el funcionario provincial insto a continuar con el trabajo de relevamiento de las comunidades de Salta de acuerdo de lo que estipula la Ley Nacional N° 26.160. La provincia venía trabajando en este sentido junto al INAI, pero a partir de la asunción de nuevas autoridades, se planteó la necesidad de continuar con este trabajo mediante la firma de un nuevo convenio.
Participaron también del encuentro, el coordinador del ministerio de Asuntos Indígenas, Martín Wierna y el director Nacional de Tierras del INAI, Juan Cruz Testa.
“Hasta finales de año pasado, ya se habían relevado unas 160 comunidades aproximadamente”, explicó Gómez Almaras y agregó que “con la firma de un nuevo acuerdo con el Instituto, nuestro objetivo es llegar a relevar unas 160 comunidades más, de un total de 400”.
“Es sumamente importante para el Gobierno provincial continuar con lo que se establece por la Ley, de realizar un relevamiento técnico – jurídico – catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades aborígenes”, dijo el Ministro.
En este sentido, agregó que “el trabajo realizado por nuestra provincia está avanzado, es por eso, que creemos que debemos seguir en este rumbo, que beneficia a nuestros pueblos originarios, colocando a Salta en la vanguardia sobre la temática”.
Por otra parte, el encuentro permitió además que ambos funcionarios coincidan en la necesidad de analizar el proyecto de ley de Instrumentación sobre Propiedad Comunitaria Indígena ya que “le dará el respaldo técnico y jurídico al diagnóstico del reclamo territorial que surge del relevamiento”, dijo Gómez Almaras.
Por último, el vicepresidente del INAI, Gustavo Peters expresó el compromiso del organismo nacional para trabajar en forma conjunta con el Ministerio y la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, en la creación de un registro único de personerías jurídicas para evitar duplicidades en inscripciones de comunidades aborígenes.