El juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino ordenó a los gremios SADOP, ADP, AMET, UPCN, ATE, UDA y a Docentes Autoconvocados de la Provincia, el restablecimiento inmediato del dictado de clases en los establecimientos públicos y privados afectados por las medidas de fuerza, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada en un amparo interpuesto ayer por un grupo de padres.
La resolución fue ordenada por el juez al hacer lugar a la cautelar planteada por los padres en representación de sus hijos menores de edad.
Para su legitimación, los padres invocaron el artículo 90 de la Constitución Provincial en tanto actúan en interés de los niños afectados en sus derechos a la educación, a la igualdad, pluralidad e inclusión social.
El mismo artículo 90 establece que cualquier persona puede deducir la acción de amparo o interponer el hábeas corpus en el interés de un tercero.
El juez Rodríguez Pipino marcó que si bien el derecho de huelga es operativo, “su consagración constitucional no significa que sea absoluto”. Y agregó que “el derecho de huelga no puede afectar sustancialmente la continuidad de los servicios públicos, ni el orden social, ni la paz pública; valores cuya tutela se halla a cargo del Estado por una imposición constitucional que supone reconocerle las facultades que fuesen necesarias para asegurarla”.
Advirtió además que “el tiempo ya transcurrido sin el dictado de clases, y el que presuntamente insumirá, luego de las negociaciones y acuerdos, y los ofrecimientos fracasados, evidencian el peligro de que la situación se mantenga de manera indefinida, afectando tal demora, los derechos procedentemente enunciados”.
El juez, al hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los padres, ordenó el “inmediato restablecimiento de las clases en los establecimientos afectados por las medidas de fuerzas adoptadas por las Asociaciones accionadas, de manera tal que se cumpla con la prestación de los contenidos básicos de educación, evitándose perjuicios irreparables”.