Condenaron a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación

El juez Baltasar Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo de España que lo halló culpable de intervenir las comunicaciones en prisión de los cabecillas del caso Gürtel que salpica al gobernante Partido Popular, rechazó la sentencia y anunció que recurrirá el fallo.

"Rechazo frontalmente la sentencia (...). Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada", dijo Garzón en un comunicado difundido esta noche.

De acuerdo al fallo, el magistrado de 56 años, conocido por perseguir represores en todo el mundo, queda expulsado de la carrera judicial a la que dedicó más de 30 años de su vida, ya que no puede recurrir ante otra instancia judicial española.

Sin embargo, Garzón dijo que acudirá a las vías legales disponibles para combatir la sentencia.

"Ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido", dijo Garzón en el comunicado citado por la agencia de noticias Europa Press.

El juez español fue condenado por prevaricación y vulneración de las garantías constitucionales al ordenar la grabación de las conversaciones en prisión de los presuntos cabecillas de la red de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, con varios abogados, según la sentencia.

Garzón volvió a defender su actuación en el caso Gürtel, dijo que se ajustó a la ley y que tomó todas las medidas para garantizar el derecho de la defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción.

"Esta sentencia (...) elimina toda posibilidad de investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de inmunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces de España", dijo el comunicado del magistrado.

La hija de Garzón también salió en defensa de su padre con una carta en los medios titulada "A los que hoy brindarán con champán" por la inhabilitación del magistrado de la Audiencia Nacional.

María Garzón dice en la carta a esas personas que "les han tocado pero no les ha hundido" y que no les harán perder la fe en esta sociedad y en la justicia.

"Ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia SÍ está tranquila", dijo.

La única instancia a la que podría acudir Garzón es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bajo el argumento de que no se garantizaron sus derechos fundamentales, y solicitar la anulación del juicio.

Y si bien los estados miembros del también conocido como Tribunal de Estrasburgo están obligados a acatar sus fallos, la posibilidad de que se declare nulo el juicio condenatorio supondría un golpe a la justicia española que no parece de fácil aplicación.

El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, expresó por su parte el "absoluto respeto" del Gobierno por las decisiones judiciales y anticipó que el Ejecutivo "no realizará ningún tipo de valoración política" de la situación de Garzón. "Se trata del cumplimiento del Estado de Derecho", insistió el ministro.

El fallo fue aprobado por unanimidad y le fue comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien se desplazó esta mañana a la sede del Tribunal Supremo, informó la agencia de noticias Europa Press.

La acusación, sustentada por el abogado Ignacio Peláez, quien representa al empresario vinculado a la trama, José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.

Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricato y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

Los hechos por los que ha sido condenado se remontan a 2009, cuando en el marco del "caso Gürtel" ordenó intervenir las conversaciones en prisión entre los presuntos dirigentes principales de la trama de corrupción y sus abogados.

Ayer mismo quedó para sentencia el segundo juicio celebrado contra Garzón en el Tribunal Supremo, por otro presunto delito de prevaricato cometido al investigar los crímenes franquistas siendo que, supuestamente según la acusación, carecía de competencia para ello.

Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad".

Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales.

Asimismo, alegaron que "en casos ajenos al terrorismo", como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque, también se ordenó la pinchadura de las entrevistas entre presos y abogados.

Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abierta también otra acusación de prevaricato en su contra por supuesto cobro del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.

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