Sr. Director
Desde hace un tiempo, el Poder Ejecutivo Provincial viene hablando de la voluntad de avanzar en algo a lo que, una vez más, se da el nombre de “reforma política”.
Generalmente, cuando se habla de reforma política, la cosa queda en reforma electoral.
Como ciudadano que tiene en este momento una responsabilidad política, y en el espíritu de colaborar con la anhelada reforma, me permito hacer algún aporte a la discusión.
En primer lugar habría que determinar si cuando se habla de reforma política se habla de reformar la política, es decir, la forma en que se hace política. Si esto es así, es importante tener en cuenta que la política no se hace solamente en las elecciones.
También es importante reflexionar acerca de la necesidad de dar a la política su verdadero lugar. La política tiene una altísima misión de conducción. Para llevarla a cabo con eficacia, debe circunscribirse a su finalidad específica, y no expandirse a otras áreas de la actividad pública.
Principalmente es pernicioso cuando la política se inmiscuye en las materias específicas de la administración, y por supuesto es nefasto cuando se introduce en las decisiones de la justicia.
Quienes accedemos a cargos públicos a través de la política electoral, deberíamos tener siempre presente que una vez arribados a dichos cargos no sólo somos políticos, sino que además somos funcionarios, y que a veces la función nos impone cuidarnos de ciertas dinámicas de la política. Para que la política de verdad pueda desarrollarse, no puede estar siempre sujeta a la política chica del día.
Pero volviendo al asunto de la “reforma política”, estoy convencido de que – además de regular adecuadamente las cuestiones electorales – debemos preocuparnos por ver otras cosas, que son del día a día y determinan seriamente la manera en que se hace la política.
Si hay verdadera vocación reformadora, en la mesa de discusión no pueden estar ausentes las siguientes tres cuestiones:
1. – Fondos reservados
La existencia de partidas cuya utilización queda exenta de rendición de cuentas es, además de una anomalía constitucional inadmisible, una fuente gravísima de distorsión de la actividad política, que habilita las peores prácticas.
En la Municipalidad de Salta existe una partida expresamente exenta de rendición.
Entiendo que en la Provincia no existe una eximición expresa. De todos modos, no sería malo que, así como el Sr. Gobernador ha dispuesto una auditoría para los municipios cuya administración cambia en diciembre, también se realizara una auditoría exhaustiva de las cuentas de ambas Cámaras de la Legislatura Provincial.
Asimismo, si tiene voluntad el Sr. Gobernador de reformar la política, sería bueno que se pusiera rápidamente al día con las Cuentas Generales del Ejercicio de su gestión (ya va finalizando el cuarto año y no se trató ninguna), que en esas cuentas desaparecieran los ítems “sin discriminar” o similares, y que cada gasto se rindiera hasta el último comprobante.
2. – Regulación transparente de los cargos de planta política
La regulación clara de los cargos de la planta política y su distribución equitativa, predeterminada y transparente, aportarían a la política – sobre todo en los ámbitos legislativos – una imprescindible base de equivalencia entre los actores. Se reduciría la posibilidad de presiones, prebendas y otras variantes de “reducción a la servidumbre política”.
Propongo a los reformadores de la política el siguiente ejercicio:
1) Tómese la planta política de un cuerpo deliberativo cualquiera (Cámara de Diputados, Senado, Concejo Deliberante de la Capital). 2) Divídase el número total entre el número de legisladores que integran el cuerpo. 3) Véase luego cuántos y quiénes son los legisladores a los que se les respeta la cuota que surge de la división anterior, a quiénes les sobra y a quiénes les falta.
El resultado, auguro, dará algunas respuestas al porqué del encarnizamiento cuando llega el momento de definir las Presidencias, y también al de algunos comportamientos extraños.
3. – Regulación transparente de la publicidad oficial
Por último, regular en forma clara la producción y distribución de la publicidad oficial, servirá, en primer lugar, para que la importantísima función de la comunicación gubernamental se utilice con más eficiencia y logre objetivos de interés general.
Pero además, ya que estamos embarcados en reformar la política, contribuirá a que no se utilicen los fondos públicos para hacer proselitismo oficialista y disminuirá las posibilidades de que la verdad - y las opiniones - sobre la cosa pública lleguen a la sociedad distorsionadas a través de medios indirectos de censura.
Soy de los que no han renovado su cargo en las elecciones de abril, así que en Diciembre volveré a la calidad de ciudadano representado por los políticos. No quería dejar de hacer públicamente, desde adentro de la política, estas propuestas.
Roque Rueda
Concejal de la Ciudad de Salta