El fiscal federal Federico Delgado opinó que la denuncia, formulada ante la jueza federal María Servini de Cubría por Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, descendientes de víctimas del franquismo, no resulta comprendida dentro del "principio de jurisdicción universal".
"Es innegable que los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, el reclamo de quienes pretenden una investigación en la Argentina está amparado en altísimas razones de justicia sustantiva", afirmó Delgado.
Pero contrapuso que "esa inconmovible fuerza moral que contiene aquel reclamo de justicia tiene grietas jurídicas muy profundas" para que sean los tribunales argentinos los que lleven adelante la investigación y eventual condena a los responsables.
Delgado reivindicó que "cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad".
En ese sentido, el fiscal recordó que "los mismos denunciantes reconocen que existen causas en trámite en España que investigan los crímenes del franquismo; y que la ley de amnistía dictada el 15 de octubre de 1977 por el parlamento español no se aplica a crímenes de lesa humanidad".
"Existen numerosos tribunales que se encuentran investigando en la actualidad los crímenes del franquismo" en España, por lo que "iniciar un proceso en la República Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor".
"No es factible iniciar una investigación judicial o promover una causa en la República Argentina", dictaminó Delgado, supeditando tal posibilidad "cierre de todo camino que lleve a la justicia" en España.
La presentación de los dos familiares de víctimas del franquismo había sido respaldada por entidades como la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
También recibió el apoyo de la Asociación de ex detenidos desaparecidos, la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Comité de Acción Jurídica.
(Infobae)