Esta presentación fue efectuada por la diputada Cornejo al Procurador General, Pabo López Viñals, el 26 de enero pasado. En la misma, se citan publicaciones periodísticas que dan cuenta de que en el año 2008 se habrían dejado vencer los mencionados kits anestésicos, provocando a la Provincia una pérdida cercana a los dos millones de pesos y que lo mismo habría ocurrido con otros anestésicos.
La fiscal correccional Nº 8, Claudia Geria, resolvió remitir las actuaciones a la Fiscal Penal Nº 2, María Inés Loyola, por considerar que existen motivos para así proveer, como la llamativa diferencia en el volumen de anestésicos licitados por la Provincia en el período comprendido entre diciembre de 2005 y octubre de 2007. Otra observación refiere a la compra de los anestésicos ante el sólo pedido de un funcionario de Salud Pública, sin que conste documentación que respalde tal pedido.
En la nota de elevación a la Fiscalía Penal Nº 2, la magistrada expresa: “Por las razones expuestas y atento a la materialidad delictual de la conducta precedentemente descripta y la sanción impuesta por la norma citada, que es de prisión de dos a seis años, la cual insisto, resulta exceder la competencia material establecida para el procedimiento sumario, remito a Ud. las presentes actuaciones, a efectos de que formule el pertinente dictamen ante el Sr. Juez de Instrucción Formal que corresponda”
Promoción de acción penal
La Fiscal Penal Nº 2, María Inés Loyola, resolvió promover la Acción Penal y requerimiento de Instrucción judicial, con fecha 23 de marzo. Estas medidas son “en contra de NN personas a identificar del Ministerio de Salud Pública y comercios proveedores y/o a quien pudiera resultar responsable del delito de Fraude a la Administración Pública en los términos del artículo 174 51 del Código Penal y contra NN personas a identificar responsables Firma ZG Importaciones SRL y Mutual S.A y/o quien resulte responsable por el delito de Tráfico de Medicamentos o Mercaderías Peligrosas para la Salud, previsto y reprimido por el artículo 201 del mismo cuerpo legal”.
La fiscal Loyola solicitó también una serie de medidas de pruebas y que se de intervención al Fiscal de Estado, de conformidad a lo establecido por el artículo 15 del Código Procesal Penal.
En fecha 26 de marzo el Juzgado de Instrucción Formal de 6ta. Nominación a cargo del Dr. José María Alvarado Solá, resolvió declarar su incompetencia por razones de turno y remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción Formal de 2º Nominación, a cargo del Dr. Esteban Dubois.
Trascendió que el juez Dubois resolvió también declarar su incompetencia por razones de turno y remitir nuevamente el expediente penal al Juzgado de Instrucción Formal de 6ª Nominación.
Fte Prensa PPS