Sr Director
El diálogo, por ahora, parece proponer mera cosmética opina, Juan Agustín Pérez Alsina Senador Nacional por Salta. La enunciada apertura que manifiesta el Gobierno nacional cuando convoca al diálogo deja un amplio margen para la duda, debido a los mecanismos aplicados para formular la invitación. Por ahora, tienen muchas reminiscencias de las maniobras de dilación a las que, lamentablemente, nos tiene acostumbrados el actual Gobierno.
Lo ocurrido el año pasado aún está fresco: la actitud asumida tras los sucesos que se produjeron con la famosa resolución 125 es una clara muestra de sus líneas de acción. En aquella oportunidad, luego de meses de tensión y crispación, con movilizaciones populares y, en el medio, remedos de diálogo protagonizados por el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, desautorizado en forma sistemática, el Gobierno intentó mostrarse receptivo de la voluntad popular, manifestada a través de los legisladores.
Por eso, propuso diálogo y consenso como la mejor manera de enfrentar el revés. El acuerdo se transformó en dialéctica vacía de contenido; en pura cosmética. Y en los hechos, el Gobierno profundizó el enfrentamiento con el campo y lo sumergió en un proceso de descapitalización que lo llevó a una de sus peores crisis de la historia. Parece evidente que no existe otro ámbito de diálogo ni de acercamiento de posiciones que no sea el Congreso Nacional. El diálogo es, básicamente, una actitud de convivencia entre gente civilizada.
La división de poderes no cercena las legítimas atribuciones de quien ejerce la Presidencia. Todo lo contrario: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner debe seguir gobernando hasta 2011 y el diálogo debe ser un simple instrumento para que pueda hacerlo bien. Nadie puede gobernar contra la voluntad popular y ésta ha sido elocuente el 28 de junio. Siete de cada diez argentinos no están de acuerdo con el estilo ni con las medidas de Gobierno. El Ejecutivo, entonces, debe reunirse con quienes expresan a ese setenta por ciento de la ciudadanía para tratar de interpretar correctamente el mensaje de las urnas.
Hasta ahora, es muy magra la interpretación que hace el Gobierno de esa expresión popular. Por ejemplo, ha elegido un tema que es privativo del Congreso, la reforma electoral y política, dejando en segundo lugar temas esenciales de la agenda ciudadana, como la salud, la educación, la desocupación, el incremento de la pobreza y la inseguridad. En lugar de ocuparse a fondo de la pandemia de gripe, de reflejar la realidad económica por medio de estadísticas serias y fiables, o de ajustar los mecanismos necesarios para acechar al delito cada vez más cruel y creciente, el Ejecutivo optó por profundizar el modelo unívoco y caprichoso de gestión encarnado en funcionarios incompetentes que generan resistencia y desagrado en la sociedad.
Seguir sosteniendo las políticas ineficientes y las prácticas patoteriles del subsecretario Guillermo Moreno; dejar la jefatura de gabinete -es decir, el control administrativo del gobierno- en manos de Aníbal Fernández, un ministro que ha fracasado en sus gestiones anteriores sin poder solucionar ningún problema en las áreas que le tocó administrar, son señales de una interpretación errónea del resultado electoral. Creo que el diálogo debe empezar por una autocrítica que no necesariamente debe ser hecha en público. Es evidente que si Néstor Kirchner se considera “víctima” de la vieja política, es porque no cree que el voto constituye el pronunciamiento de personas que no se dedican a la política como profesión, incluso que no adhieren en forma mecánica a partidos ni a liderazgos, pero que saben que la política es el camino para la solución de los problemas.
Kirchner parece quejarse de que sus aliados no manipularon la voluntad cívica ni pudieron producir fraude en las urnas. Es decir, Kirchner no valora el contenido del voto popular. El diálogo es otra cosa. Su base es el respeto. Convocarlo para una reforma político electoral supone soslayar temas esenciales, como los problemas del agro, la reforma impositiva, la fuga de capitales, el desarrollo productivo, el desempleo, la seguridad, el INDEC, la inversión pública; en definitiva, todo lo que profundiza la inseguridad jurídica. Si no se modifican las actitudes iniciales, no habrá diálogo, sino una nueva marcha hacia atrás.
Senador Nacional por Salta dr Agustin Perez Alsina