(VEA LA GALERIA DE FOTOS) El secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, dijo hoy que aunque "todo tiene incidencia", en Salta la tala "no fue determinante" del alud que arrasó Tartagal hace 10 días, en la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia a partir de una denuncia de aborígenes de la provincia norteña. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el pleno del cuerpo, integrado por Elena Highton de Nolasco -vice- y los ministros Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay de Molina, Carlos Fayt y Entique Petracchi, escucharon a las partes en la primera audiencia pública del año por el desmonte y tala de bosques nativos.
Allí, autoridades de Salta admitieron que la provincia carece de datos sobre el impacto ambiental por el millón de hectáreas desforestadas en los últimos 10 años, un tercio de ellas en el departamento de San Martín, cuya cabecera es Tartagal.
El mapa de los bosques y deforestación de la región "está en marcha, todavía no lo tenemos", dijo el fiscal de Estado de Salta, Casali Rey, quien asistió junto al ministro provincial de Medio Ambiente, Julio Nasser.
En su presentación, la provincia planteó que se suspenda la medida cautelar que dictó la Corte en diciembre de 2008 disponiendo el cese provisional de los desmontes y talas de los bosques nativos, que en el último trimestre de 2007 habían autorizado en Salta.
Bibiloni expuso que el volumen de los desmontes realizados en Salta "es negativo" y dijo que impulsará medidas para "revertir esa tendencia en el Gran Chaco". Sin embargo, consideró que la tala "no fue determinante" del alud que arrasó esa ciudad hace diez días y otro tanto aseguraron funcionarios salteños, al fijar la posición de la Nación y Salta, demandadas por comunidades aborígenes por el desmonte.
A una pregunta del ministro Maqueda respecto a la posible incidencia de la deforestación en el departamento de San Martín en el reciente alud, Casali Rey respondó que "no hay por el momento ninguna base científica que permita relacionar" ambos hechos. "Sobre todo -explicó- si se toma en consideración que la alta cuenca del río Tartagal, donde se produjo el deslizamiento, no ha recibido ni desmontes ni aprovechamientos forestales que permitan atribuir a esa actividad la generación del fenómeno natural".
Durante la audiencia se expidieron las partes involucradas en la causa "Salas, Dino y otros c/Salta, Provincia de y Estado Nacional s/amparo", iniciada a fines del año pasado por la demanda de 12 comunidades, nueve wichi, una guaraní, una colla y una criolla campesina, por desmontes en los departamentos salteños de San Martín, Orán, Santa Victoria y Rivadavia.
La demanda sostiene que la provincia, al autorizar la tala y "tolerar las prácticas realizadas en su jurisdicción de manera clandestina, no ha cumplido con sus obligaciones legales" y atribuye responsabilidad al Estado nacional "ante la falta de control", señaló la Corte.
Bibiloni reconoció que "todo desmonte tiene incidencia", pero aclaró que "no fue determinante para la desgracia que sufrió Tartagal, como se pretendió instalar" y añadió que "los desmontes están más abajo y no en la cuenca alta y media" del río que desbordó y ocasionó el aluvión. "Lo que hemos expuesto es linealmente el cumplimiento de todas cada una de las pautas de la Constitución Nacional, desde el punto de vista del Ejecutivo", señaló Bibiloni al finalizar la audiencia.
También destacó la importancia de la firma -el viernes pasado- "del Decreto Reglamentario y un conjunto de programas que apuntan a fortalecer el Bosque Nativo en la Argentina y las áreas forestales en las provincias" vinculando los programas "con las comunidades originarias".
Al exponer la situación denunciada, el abogado Raúl Ferreira hizo hincapié en el nivel de destrucción de la naturaleza y de la vida de los habitantes del lugar por la desforestación a lo largo del siglo pasado y especialmente en la última década.
A diferencia de las autoridades nacionales y provinciales presentes en la audiencia, Ferreira sostuvo que los desmontes "tuvieron incidencia" en el alud que se desató sobre Tartagal y apuntó que "la Universidad Nacional de Salta advirtió en 2006 sobre el peligro de aludes por el desmonte y la actividad petrolera".
Dino Salas, de la comunidad wichi de San Ignacio, planteó en la audiencia los perjuicios causados por la tala de bosques nativos en la región y pidió que los indígenas sean "tenidos en cuenta" y "respetados" en sus derechos.
En el mismo sentido se expresó Alfredo Riera, de la Asociación de pequeños productores del Chaco salteño, quien profundizó la denuncia contra quienes fueron corriendo las fronteras con la tala y destruyeron con eso la producción local, y advirtió sobre la falta de control sobre el cuidado de la naturaleza. "Que la Corte nos dé esta posibilidad sobre el tema de nuestros derechos es una oportunidad única", dijo al término de la audiencia David Sarakurá, de la organización Collamarca de Salta.
Télam